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La situación excepcional derivada de la pandemia actual ha cogido por sorpresa a toda la sociedad afectándonos, no ya sólo desde el punto de vista social, por lo que ha supuesto el confinamiento, sino también desde el punto de vista económico, laboral, personal y demás ámbitos imaginables.

Recientemente se ha procedido a la aprobación de la nueva propuesta de Ley de Cambio Climático con la que el Ejecutivo español pretende transformar nuestra actual economía en otra con cero emisiones, además de una red eléctrica surtida solo a base de fuentes renovables. Todo ello, marcando el año 2.050 como fecha límite para realizar dicho cambio.

Debido a la excepcionalidad impuesta por la pandemia del Covid-19 a nivel mundial, en España, nos hemos tenido que quedar en casa y muchos se han visto obligados a dejar sus empresas en standby, entre otras cosas, por la suspensión de los procedimientos. Sin embargo, no por ello, el sector fotovoltaico se ha paralizado.

Desde que se implantó el estado de alarma en España por la pandemia del Covid-19 a mediados del mes de marzo, el Plan Nacional Integral de Energía y Clima (PNIEC), se ha transformado en la base y sustentación principal del plan de reactivación económico planteado por nuestro país.

Según el Estudio de impacto macroeconómico de las energías renovables en España en 2018, realizado por la Asociación de empresas de Energías Renovables (APPA) y publicado en octubre de 2.019, la contribución del sector de las renovables, en general, al Producto Interior Bruto (PIB) nacional, fue de 10.521 millones de euros lo que supuso cerca de 81.300 puestos de trabajo en términos globales.

Hace ya más de un mes de la publicación en el BOJA del final de los estímulos económicos que la Junta de Andalucía había venido realizando sobre proyectos de Energía Solar, incluyendo instalaciones de autoconsumo. Solo en 2.019, la Agencia Andaluza de la Energía destinó más de 37 millones de euros para ellos mediante el Programa de incentivos para el desarrollo energético sostenible.

Desde la publicación del esperado Real Decreto que regula y liberaliza las instalaciones de autoconsumo, una de las opciones que se favorecen son las asociaciones comunitarias, es decir, los grupos de consumidores que se agrupan para autoconsumir la energía generada por una instalación fotovoltaica próxima.

A mediados de febrero, en la red eléctrica española de la península, se superó la cifra de generación instantánea de electricidad obtenida a partir de instalaciones solares fotovoltaicas, llegando a los más de 5.075 MW de potencia.

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía incluyó el mes pasado, en los presupuestos, una partida de 6,5 millones de euros destinados a impulsar la mejora de las instalaciones de regadío en el campo andaluz.