La normativa recién aprobada pone límites a posibles especulaciones, simplifica los trámites burocráticos y añade nuevas figuras.
Las Autoridades Públicas continúan con los cambios que tenían previstos cuando se decretó el Estado de Alarma (causado por la pandemia del coronavirus) quedando paralizado nuestro país en numerosos aspectos, incluidos el económico y el político.
Así, el pasado 23 de junio se aprobó un decreto ley con disposiciones energéticas para regular un sistema de subastas, diferente al anterior, que permita reducir la factura eléctrica gracias a al aumento de la generación de energía renovable.
La responsable del Ministerio para la Transición Energética incidió en que la energía verde se convertirá en la protagonista de la reactivación de la economía española siempre que se garantice la confianza y seguridad en las leyes y normativas relacionadas con el sector.
Por otro lado, el decreto ley pone fin a la actuación de los especuladores al marcar un periodo máximo de cinco años para la puesta en marcha de las plantas de energía eólica y fotovoltaica. En la actualidad, seis de cada 10 licitaciones otorgadas aun no han comenzado a tramitar la solicitud de conexión a la red eléctrica en los siguientes 6 meses.
Asimismo, se han simplificado los trámites necesarios con el fin de ayudar a un avance mayor y en menos tiempo de la energía “verde”. La meta que se ha marcado el Estado es llegar a los 60.000 MW adicionales de potencia instalada en diez años.
El nuevo modelo de subastas
El nuevo modelo de subastas se ha ideado basándose en el precio de la retribución energética en lugar de tener en cuenta el capital invertido. Se ha planteado así para poder fijar un precio por la electricidad producida, a más largo plazo. Esta decisión beneficiará directamente al cliente final (ya sea residencial o industria) ya que tendrá que soportar menos costes procedentes de la producción de energía renovable y su repercusión en la factura.
Este modelo es completamente distinto al diseñado por Álvaro Nadal en unas circunstancias completamente diferentes y en las que la tecnología renovable tenía unos costes muy superiores, de manera que tenía que ser incentivada con subvenciones. Actualmente, el contexto ha cambiado, se han abaratado dichos costes, y, en consecuencia, se ha trasladado esa reducción al precio de la energía eléctrica beneficiando a los clientes finales.
A pesar de todo, el Gobierno aun tiene que hacer una consulta pública sobre la regulación de este nuevo sistema de subastas y, a continuación, publicar la orden ministerial que detalle los pormenores de la subasta que está prevista que tenga lugar antes de que finalice 2.020.
Finalmente, en el Decreto Ley se recogen nuevas figuras intervinientes en el Sector Eléctrico y de los que hablaremos en nuestro próximo artículo.
Desde aBalados celebramos este cambio en la legislación ya que no solo beneficia a los consumidores finales sino también a las empresas instaladoras y especializadas en energía fotovoltaica. Este cambio proporciona un marco normativo estable que favorece el desarrollo de las energías renovables en general y de las empresas del sector en particular.
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