Ayer se aprobó en Consejo de Ministros una modificación con carácter retroactivo del RD 661/2007 que regula la actividad de producción especial en régimen especial. El nuevo marco normativo es totalmente desfavorable a las inversiones existentes y ofrece una imagen de total desconfianza para el inversor, más aún si es extranjero, en la seguridad jurídica de España como estado soberano. Además del establecimiento de un límite de horas a tarifa para los proyectos conectados antes de 28 de septiembre de 2008 que supone un recorte de un 30% o superior, establece un máximo durante la vida completa del proyecto de horas a tarifas.
Esto, en nuestra opinión, únicamente favorece a aquellos que no han optimizado sus instalaciones y es una bofetada directa a aquellos que con su trabajo y esfuerzo diario estamos alcanzando altos rendimientos (la muy nombrada PR) y disponibilidades. Lo primero que se nos viene a la mente es la cantidad de financiación sin recurso que hay en el mercado fotovoltaico español (15.000 M€?) que tendrá que renegociar la deuda para no llegar a una situación que este RDL pretende evitar; nos referimos a una crisis financiera/inmobiliaria que los bancos no pueden asumir. ¿Qué pasaría si a esto se añaden otros sectores?
