El pasado fin de semana se dio por concluida la Cumbre Mundial del Clima, iniciada a principios de diciembre en la ciudad polaca de Katowice. En ella han participado casi 200 países y cerca de 30.000 mil personas con el objetivo de asentar las bases que permitieran llevar a cabo los acuerdos internacionales, rubricados en París, para frenar el cambio climático.
Aunque su clausura estaba prevista para el día 14 de este mes, el enquistamiento en las negociaciones de la “letra pequeña” acerca del reconocimiento expreso de los argumentos expuestos en el estudio encargado por la ONU al IPCC o Panel Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático, provocó su retraso un día más. Este estudio fue solicitado en 2016 para describir, desde un punto de vista científico, las consecuencias del cambio climático.
Mientras en el Acuerdo de París, para evitar los efectos más perjudiciales del calentamiento global, los países firmantes se comprometieron a preservar el incremento de la temperatura de nuestro planeta por debajo de los dos grados, los expertos del IPPC advirtieron en su informe sobre los riesgos inminentes que supondría exceder del grado y medio. Más aún si tenemos en cuenta que, en base a las actuaciones planificadas, llegaremos a más de tres grados a finales de este siglo.
En el citado estudio se subrayaba la necesidad de llevar a cabo actuaciones “urgentes y sin precedentes”, como la “descarbonización” de la economía de los países en el plazo de una década y la potenciación de las energías renovables, para limitar el incremento de la temperatura media de la Tierra a un grado y medio quedando dentro de unos márgenes de seguridad.
Admitir esta información tan relevante ha supuesto un auténtico desafío a lo largo de las dos semanas de trabajo, todo ello unido a la intervención de nuevas figuras políticas, que no estuvieron en la cumbre anterior, como Donald Trump o Jair Bolsonaro (nuevo presidente electo de Brasil).
El debate se suscitó entre los partidarios de considerar dichas conclusiones como el resultado de un estudio científico objetivo que no debía ser sometido a controversias políticas y los que ponían en tela de juicio tanto la labor como los resultados del IPCC, oponiéndose a quedaran recogidas sus conclusiones de forma expresa.
En concreto, todos los países productores de petróleo, con Estados Unidos a la cabeza, rechazaron el informe para no verse obligados a elevar su nivel de intervención en la lucha contra el cambio climático.
Para salvar todas estas diferencias, hubo que hacer concesiones y fueron admitidas las conclusiones de los científicos, pero se atenuaron las medidas a tomar, eliminándose del acuerdo el número de reducciones necesarias que dejaron de ser consideradas “de urgencia”.
A pesar de todo, se han conseguido definir las pautas básicas (y absolutamente necesarias) para ejecutar el Acuerdo de París a partir de la próxima década.
Se ha establecido un sistema de control, con base científica, para cuantificar, comprobar y cotejar las contribuciones de cada país a la hora de combatir las emisiones de gases que dañan la capa de ozono.
Cada dos años, todas las naciones tendrán que aportar información sobre las emisiones y filtraciones de dichos gases que estén realizando. También deberán detallar qué medidas tienen previsto adoptar para continuar disminuyendo las emisiones, los efectos del calentamiento global que estén padeciendo y la manera en la que se estén adaptando a ellos.
En 2023 (más tarde de lo deseado por los países más expuestos) se realizará un primer balance de la lucha en contra del cambio climático, a nivel mundial, con el fin de aumentar los objetivos de cada país. Posteriormente, este balance se repetirá cada 5 años.
Los participantes consensuaron el aumento de la financiación prevista para llevar a cabo todas estas acciones e igualmente aceptaron que era necesario dedicar más medios (que no se determinarán hasta 2025). Sin embargo, no se consiguió concretar de qué modo se reunirán los cien mil millones de dólares acordados en París para 2020.
La postura de Brasil imposibilitó alcanzar un acuerdo acerca del mecanismo de cooperación de emisiones a nivel internacional, lo que posibilitaría a los estados la compraventa de “créditos” en relación con el volumen de emisiones que le corresponde a cada uno. Este tema quedó aplazado hasta la siguiente Cumbre Mundial del Clima, en Chile, el próximo año.
A parte de los gobiernos, el Acuerdo reconoce la capacidad de empresas, poblaciones y colectividades de combatir contra el calentamiento global.
Cinco entidades bancarias, entre las que se encuentran el BBVA o ING, más diecisiete entidades deportivas como el Comité Olímpico Internacional o la Federación Internacional de Fútbol, comunicaron su intención de colaborar en esta lucha común. Asimismo, el Banco Mundial manifestó su intención de invertir doscientos mil millones de USD para el mismo fin.
Desde nuestra empresa, aBalados, especialista en el análisis e implementación de mejoras de proyectos del sector energético (más concretamente proyectos de energías renovables y eficiencia energética), queremos subrayar la importancia y urgencia de luchar contra el cambio climático y el calentamiento global. Las energías renovables y, en concreto, la energía solar, deben ir sustituyendo progresivamente a las no renovables y más contaminantes para combatir las consecuencias del efecto invernadero y los gases que destruyen la capa de ozono. Es una cuestión de supervivencia que no debe ser sometida a intereses políticos o capitalistas, sin miras de futuro.
