A pesar de que España es la nación de la UE que disfruta de más luz solar al año, solo nuestro país disponía de una normativa que frenaba su consumo.
El pasado viernes 5 de octubre, el Consejo de Ministros, aprobó un Real Decreto con medidas dirigidas a amortiguar la escalada del precio de la electricidad y a fomentar la transición energética. El recientemente creado Ministerio de Transición Ecológica español es el impulsor de dichas medidas.
En primer lugar, se ha decidido eliminar el conocido como “impuesto al sol” que, como su propio nombre indica, imponía una tasa al avance y expansión de la energía solar fotovoltaica y al consumo propio en nuestro país. Esta medida ha sido considerada como prioritaria y está respaldada por la mayoría de los parlamentarios.
La ministra, Teresa Ribera, cree que dicho impuesto era un obstáculo sin lógica que impedía el autoconsumo de energía y que estaba asociado a una intención recaudatoria sin sentido. En su opinión, su eliminación favorecerá el consumo de esta energía en ciudades y hogares ya que queda reconocido el derecho al autoconsumo compartido ayudando a las economías de escala. Al mismo tiempo, se suprimen las trabas administrativas que imponía el modelo actual.
Por otro lado, además de querer favorecer el desarrollo de la energía solar fotovoltaica en España, el Real Decreto recoge otras medidas relevantes dentro del sector energético como la suspensión de la tasa del 7% a la producción eléctrica durante seis meses. No se pretende eliminar el impuesto, como en el caso anterior, sino rebajarlo hasta el 0% durante ese plazo de tiempo.
La Administración ha venido ingresando unos dos mil millones de euros anuales por este impuesto. Sin embargo, la falta de ingresos en las arcas del Estado por este concepto no tendrá un efecto negativo ya que ha quedado compensado con el incremento sostenido del precio de la electricidad durante los últimos tiempos. En dicho periodo, la Administración ha ingresado dos mil millones más que el año anterior, gracias, especialmente, al incremento de la puja por los derechos de CO2.
Ahora que el coste de la luz está en niveles muy altos, esta noticia pretende “aliviar” el bolsillo de los consumidores, que notarán una disminución inmediata de cerca de un 4% de la parte de la factura relativa a la electricidad, es decir, entre unos seis y nueve euros menos al mes, dependiendo de la potencia que tenga contratada cada usuario.
Sin embargo, el efecto sobre las instalaciones de producción de energía mediante fuentes renovables será muy bajo. Únicamente afectará a la liquidez a corto plazo si bien la normativa sectorial, al considerar una rentabilidad razonable en un periodo de 30 años, diluirá el efecto. Por lo tanto, la noticia que recibió una muy buena acogida sectorial, finalmente ha quedado en una medida política más que de desarrollo de las energías renovables en España.
La medida resulta especialmente atractiva para las grandes sociedades y entidades que tradicionalmente han considerado este impuesto como el culpable de que los costes de electricidad en nuestro país sean superiores a los de nuestro entorno. Queda esperar a ver las consecuencias reales que pueda tener.
Hay quienes señalan que el importe de nuestra electricidad podría quedar por debajo de la francesa dejando de ser importadores de energía eléctrica y convirtiéndonos en exportadores. De este modo, las consecuencias de la rebaja también se verían paliadas.
Al mismo tiempo, se cancela el impuesto específico a los hidrocarburos o “céntimo verde” que gravaba a las centrales generadoras de electricidad con gas y carbón.
Se piensa que, al eliminar las dos tasas impositivas, se producirá un descenso en el precio de la energía a nivel del mercado mayorista ya que “la casación entre oferta y demanda baja y la luz en el mercado ‘pool’ queda a un precio inferior”.
