Gracias a la aprobación del Decreto Ley 17/2019 por el Consejo de Ministros en funciones, el pasado 22 de noviembre, los empresarios del sector fotovoltaico podrán seguir manteniendo la tasa de rendimiento vigente en la actualidad a lo largo de los siguientes 12 años.
Los representantes de la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica, lo han calificado como una regulación enormemente ventajosa que impedirá la quiebra del sector, ayudando a su “supervivencia” tras mucho tiempo de “esfuerzo y dolor” intensos por parte de las pymes productoras que, en su momento, dieron un paso adelante ante el llamamiento del Estado de apostar por una economía sostenible con energía fotovoltaica.
En dicho Decreto, el Consejo aprobó la tasa por la que se calculará la rentabilidad que obtendrá cada inversor fotovoltaico desde principios de año hasta 2032.
El Ejecutivo previo del Partido Popular estipuló que el nuevo cálculo implicaría otra reducción del cálculo en una cuarta parte, lo que hubiera ocasionado que la producción fotovoltaica desapareciera en nuestro país, tanto a nivel social como de distribución.
La totalidad de los pequeños y medianos productores, así como su inversión en la economía española habrían sido eliminados. Las eventuales refinanciaciones de deudas y posibilidades de financiación también habrían desaparecido.
Sin embargo, con el Decreto aprobado, las plantas instaladas antes de 2.013 podrán conservar la tasa de rendimiento en el 7,398 % hasta dentro de 12 años. A las instalaciones posteriores a 2.013 se aplicará un porcentaje del 7,09 %. Siendo así, según ANPIER, para entonces las empresas del sector habrán cancelado su deuda y podrán disfrutar de beneficios.
Por otro lado, se ha postergado para más adelante la aprobación del novedoso sistema de subastas de renovables, que estaba programado previamente. Este mecanismo habría ayudado a desatascar la adjudicación de más energía renovable además de crear las pautas necesarias para evitar la intervención de los especuladores frente a la ingente solicitud de nuevas instalaciones productoras y conexiones a la red eléctrica.
Independientemente de ello, incorpora disposiciones para hacer frente a las demandas de arbitraje interpuestas a nuestro país, desde hace más de 5 años, como consecuencia de la reducción a las primas a la producción de electricidad renovable que los Populares ejecutaron en 2.013.
Según el nuevo Real Decreto, a aquellos demandantes a los que se les reconozca su derecho a cobrar una indemnización como consecuencia del laudo interpuesto, el importe señalado se les deducirá de la nueva remuneración.
Los representantes de ANPIER insistieron en la necesidad que existía de que esta normativa se haya legalizado para que el sector siga vivo y que el paso a la descarbonización de nuestra economía sea un hecho factible y real.
Desde aBalados nos unimos al sentir de la Asociación y seguimos trabajando para todos los inversores e interesados en invertir en la producción de energía solar fotovoltaica. Somos Ingenieros y Gestores de Activos expertos en energía.
