Por décima vez, a finales del mes de agosto, España volvió a perder un arbitraje internacional ante el CIADI (organismo encargado de resolver las demandas que llegan al Banco Mundial) como consecuencia del cambio de legislación aplicado en 2011 a las retribuciones de las energías renovables.
La institución estimó que dicho cambio viola los derechos de los inversores recogidos por la Carta de la Energía fallando en contra de nuestro país y a favor del demandante, un fondo de inversión londinense.
Queremos abordar este tema en la sección de Noticias de nuestra web ya que tenemos experiencia directa al respecto, habiendo asesorado a clientes internacionales y asistiendo como testigos a la vista oral de varios de estos procedimientos arbitrales.
La Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica, ANPIER, subraya que la totalidad de los procedimientos de arbitraje internacional que han tenido lugar hasta la fecha han dado la razón a los fondos inversores demandantes de manera contundente.
Así, la cuenta pendiente del estado español supera ya los ochocientos millones de euros en concepto de indemnizaciones, intereses de demora, costes de defensa y costas judiciales. Pero esto no queda ahí, aún están previstos otros diecisiete arbitrajes más en un corto espacio de tiempo de manera que, la cantidad que se estima necesaria para compensar a todos los demandantes superaría los 4.250.000.000 €.
Todas estas circunstancias hacen que el estado español esté lamentablemente por delante de otros como el peruano, el argentino o el venezolano en el número de denuncias acumuladas durante los 6 primeros meses de este año, así como en la cifra de reclamaciones sin resolver relacionadas con el incumplimiento de la Carta de la Energía. A juicio de los responsables de ANPIER, la situación está desacreditando a España por completo.
También han señalado que se están aplicando 2 clases distintas de “justicia” en relación con esta reforma legislativa: la que exige el pago de indemnizaciones a fondos de inversión extranjeros y la que, al mismo tiempo, está penalizando a los empresarios fotovoltaicos nacionales con la reducción de hasta la mitad de la tarifa regulada (mediante 9 recortes retroactivos a lo largo de una década) viéndose obligados a aceptar ajustes inasumibles que los han mermado y afectado.
El propio Defensor del Pueblo considera que se está forzando al sector fotovoltaico a sacrificarse de forma extraordinaria sin poder contar con las herramientas que les permita defenderse como sucede con los fondos foráneos. De ahí que inste a las instituciones competentes a que aprueben las modificaciones necesarias para que reciban un trato equiparable al de los estados firmantes de la Carta de la Energía.
Los asociados insisten en poner de relieve que la totalidad de los partidos políticos con representación en el parlamento español durante la anterior legislatura, coincidieron en la importancia de solucionar esta situación urgentemente. Sin embargo, la repentina disolución del parlamento dejó este tema en suspenso, resultando apremiante la necesidad de aplicar los procedimientos que sean imprescindibles para salvaguardar la “seguridad jurídica” de dichos empresarios.
Inmersos en este escenario adverso, nos encontramos las empresas que, como aBalados, llevamos desde 2008 trabajando en renovables. Los arbitrajes “justifican” y vienen a reforzar nuestra resistencia que se ha ido sobreponiendo a los recortes y las contrariedades más allá de lo necesario. Confiamos en que pronto se pueda llegar a una solución que también defienda nuestros derechos.
