Según el Estudio de impacto macroeconómico de las energías renovables en España en 2018, realizado por la Asociación de empresas de Energías Renovables (APPA) y publicado en octubre de 2.019, la contribución del sector de las renovables, en general, al Producto Interior Bruto (PIB) nacional, fue de 10.521 millones de euros lo que supuso cerca de 81.300 puestos de trabajo en términos globales.
Centrándonos en el sector fotovoltaico, su aportación ascendió a los 3.153 millones de euros, siendo esta tecnología la responsable de haber generado, solo en 2018, casi 1.000 nuevos empleos.
Con esta constatación del crecimiento del sector, pusimos fin al 2019 con la celebración de “La cumbre del clima” en Madrid, repleta de objetivos relacionados con la lucha contra el cambio climático y con una clara apuesta por las energías renovables.
A continuación, empezamos el 2020 con la celebración en Mediapost de la Octava Edición de los Desayunos ODS, en la que abordó el objetivo de llegar a producir, de cara al 2030, las tres cuartas partes del total de la energía eléctrica generada en España, solo con fuentes renovables y a un precio competitivo.
En pleno auge sectorial y con los objetivos establecidos por el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), de repente y contra todo pronóstico, el pasado mes de febrero, en España, un nuevo virus, el coronavirus, irrumpe en las vidas de todos amenazando la salud y la economía mundiales, llegando a convertirse en una pandemia que exige acciones radicales y rápidas por parte de los gobiernos.
Llegados a este punto, cuando se empezaron a tomar medidas, nos vimos obligados a recapacitar y pensar que estábamos planteando grandes retos para un sector que todavía resulta ser un gran desconocido y que está sufriendo las consecuencias de un vacío legal en el marco normativo de las actividades que permiten algo tan básico y de primera necesidad como es el suministro de energía.
En este sentido, mientras que en el artículo 17 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el Estado de Alarma, se establecía que el Gobierno tomaría las medidas necesarias para garantizar el suministro de energía eléctrica, al entrar en vigor las nuevas limitaciones durante la segunda quincena de confinamiento, el sector fotovoltaico no ha sido considerado esencial y se ha visto obligado a parar su actividad.
Aunque la UNEF realizó una petición al gobierno para que considerara el sector de las renovables fotovoltaicas como una actividad estratégica, finalmente, dicha solicitud no ha sido atendida. Y así, hemos llegado al momento actual en el que el Gobierno español sigue sin tener “los deberes hechos”.
Como consecuencia, una vez más, nuestro sector tiene que asumir los efectos del gran desconocimiento, por parte de las autoridades, del papel tan fundamental que desempeña la actividad fotovoltaica en la economía española y afrontar, sin fecha límite, el cese de nuestra actividad.
Por todo lo expuesto, deberíamos plantearnos que, después de tantas convenciones, charlas y concienciación social, estamos suficientemente informados, pero poco formados acerca de lo que el reto de las energías sostenibles supone y, sobre todo, de las adaptaciones y cambios que la transición energética implica.
A pesar de todo, nuestra empresa, aBalados, con amplia experiencia en el sector de la energía fotovoltaica, sigue apostando por las renovables y nos mantenemos activos realizando teletrabajo y vigilancia remota de las instalaciones que mantenemos, adaptándonos a la situación actual.
